En la Séptima Jornada Anticorrupción que se cumplió en San Andrés Islas, el 13 de octubre de 2017, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, escuchó a la comunidad y tomó nota de una creciente preocupación por demoras en la entrega de obras de infraestructura, de servicios prioritarios para la comunidad y apropiación indebida de dineros públicos.

Desde ese momento, fueron destacados equipos de investigadores y fiscales que se dieron a la tarea de hacer las respectivas indagaciones.

Como resultado de ellas, la Fiscalía encontró presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por alrededor de $120.000 millones que habrían sido entregados a los mismos constructores que, a cambio de coimas, se quedaron con las obras de valorización en Armenia.

Con este antecedente, las labores de policía judicial fueron orientadas hacia los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y algunos de sus presuntos socios, y se estableció que para quedarse con la construcción de colegios y parques en el departamento, supuestamente pagaron el 10% del valor de los contratos con el probable auspicio de altos dignatarios del gobierno departamental.

La Fiscalía estableció que este porcentaje era pagado en las casas de los involucrados, oficinas y en vehículos oficiales. Los contratistas entregaban el valor pactado a intermediarios quienes serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y algunos funcionarios, que presuntamente manipularon las licitaciones públicas y descartaron a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley.

El detrimento patrimonial por concepto de sobornos podría superar los $11.000 millones.

El ‘megacolegio’ que nunca terminaron

Entre los contratos adjudicados sobresale la construcción del ‘Centro de Educación Media Diversificada (Cemed) Antonia Santos, que serviría a la población estudiantil del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El contrato fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, por un valor de $50.000 millones y debería entregarse a la comunidad en diciembre de 2015; sin embargo, hoy, cuatro años después, las obras no alcanzan el 50% de su ejecución.

Los testimonios, el material probatorio y la evidencia física en poder de la Fiscalía, darían cuenta que para este proyecto de ‘megacolegio’ el constructor, diseñador e interventor pertenecían a una misma firma, que era liderada por Hernán Moreno Pérez y Fernando León Diez Cardona, como se presentó en el desfalco a los recursos de valorización en Armenia.

Capturas

Por estos hechos la Fiscalía General  de la Nación obtuvo ante los respectivos jueces de control de garantías 11 órdenes de captura contra las personas involucradas en este esquema de corrupción. Los capturados son: Ronald Housny Jaller, Gobernador actual de San Andrés (suspendido); Aury Guerrero Bowie, exgobernadora de San Andrés; Alejandro Lozano Bowie, Secretario de Infraestructura de San Andrés; Edelmira Archibold Hawkins, exsecretaria de Educación de San Andrés; Ain Zulema Conolly, jefe Oficina Jurídica de San Andrés; Tatiana Pérez García, Secretaria de Planeación de San Andrés; Elizabeth O´Neill, supervisora de los contratos adjudicados irregularmente; Mauricio Jose Rodriguez Cotua, contratista; Sergio Fabian Lever Whittaker, contratista; Luis Albeiro Urrego. supervisor de contrato y Juan Diego Alvis Cotes, ingeniero civil.

A los capturados la Fiscal de conocimiento les imputará, entre otros, cargos por los delitos de: peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y concierto para delinquir.

Asimismo, los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y Ángel José Angarita Pareja serán citados a audiencia de formulación de imputación por los nuevos delitos, toda vez que cumplen medida de aseguramiento de detención domiciliaria por hechos detectados en Armenia.

La Fiscalía compulsará copias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que adelante las acciones de su competencia respecto al actual Representante a la Cámara, Jack Housny Jaller, hermano del Gobernador Ronald Housny.

Otras actuaciones

Durante la séptima jornada anticorrupción realizada en San Andrés, también fueron identificados tres contratos con una fundación ‘fantasma’ que bajo el amparo de conceptos ambiguos como “apoyo logístico” para la realización de eventos, habrían causado un detrimento patrimonial que supera los $2.000 millones.

Por estos hechos, se hizo efectiva la captura del contratista Roberto Francis Simpson, quien habría participado en la aprobación de los dineros como representante de la fundación y a la señora Consuelo Britton Taylor, jefe de la oficina de Familias en Acción de la Gobernación, que habría facilitado las instalaciones de la dependencia a su cargo.

Por lo mismo, un fiscal delegado imputará cargos a Ronald Housni Jaller y Alain Enrique Manjarrés  Flórez, en condición de Gobernadores del Departamento de San Andrés, por los delitos de: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.